La reducción del IVA a la construcción costará al Estado USD 78 millones

En 2022, el Estado recaudó USD 122 millones por el IVA al sector de la construcción. Con una disminución al 5%, podría bajar a USD 55 millones anuales.

Daniel Noboa recibirá el Gobierno con dificultades de financiamiento en el presupuesto. Sin embargo, una de sus propuestas de campaña fue la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los materiales de construcción, del 12% al 5%.

Una medida que si bien ayudaría a reactivar esta industria y crear empleo, también podría tener un impacto fiscal importante, al disminuir la recaudación tributaria en el sector de la construcción.

Entre enero y septiembre de 2023, el sector de la construcción alcanzó ventas por USD 3.749 millones, de las cuales USD 3.264 millones están gravados con IVA, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Mientras que en 2022, las ventas de la industria gravadas con IVA alcanzaron USD 4.660 millones, de las cuales el SRI recaudó por IVA USD 133 millones. Esto sin tomar en cuenta la recaudación por ventas de cemento, acero o artículos de ferretería.

De bajar el IVA al 5%, la recaudación bajaría a USD 55 millones anuales, con lo cual la medida le costaría al Estado USD 78 millones, que dejaría de percibir en tributos.

El impacto podría ser mayor

No obstante, José Castillo, exviceministro de Economía y profesor de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), aclara que si se tomara en cuenta el valor real que debió tributar el Estado por las ventas que gravan IVA en la construcción, lo que dejaría de percibir el Estado sería cercano a USD 325 millones.

E incluso podría llegar a USD 527 millones si la medida abarcara también a grandes grupos de insumos y materiales industriales para la construcción.

Castillo aclara que en las estimaciones de la reducción hay que tomar en cuenta el cruce que hacen las empresas al realizar sus declaraciones al SRI entre el IVA de venta, que cobran a sus clientes por la venta de materiales, con el que pagaron por la compra de otros insumos o servicios vinculados.

Pero cree que, de igual manera, esto traerá consecuencias fiscales. «Es muy difícil compensar esto en un país donde la gobernabilidad es débil y en un período de transición con apetitos electorales. Es difícil que se promuevan medidas de compensación que signifiquen incremento de impuestos», añade Castillo.

Para el exviceministro de Economía, otro factor en contra es que el SRI no realiza controles adecuados con respecto a los cambios de actividad económica de negocios o sociedades, por lo que cree que se verán a personas naturales o empresas cambiando su actividad a la venta de materiales de construcción para beneficiarse de la medida.

Rápida reactivación

Por su parte, Daniel Elmir, director de Elmir Grupo Inmobiliario y miembro del Directorio de Constructores Positivos, cree que la propuesta ayudará a bajar los costos del sector, con impacto directo en el cliente final porque el IVA de sus compras se traslada al precio de venta.

Sin embargo, esperan conocer a detalle la propuesta para saber si se incluirá a toda la cadena, lo cual abarcaría a proveedores, fabricantes e incluso la importación de materiales de construcción.

«Con más liquidez, vamos a poder hacer proyectos más grandes, arrancar una etapa adicional de manera inmediata o proyectos nuevos, con más plazas de empleo», asegura Elmir.

Elmir explica que por cada 40 metros de construcción, se crea un empleo por 18 meses. Pero, reconoce que la informalidad en el sector ha ido en aumento. Al tercer trimestre de 2023, el empleo informal en la construcción alcanzaba el 75,6%.

Añade que el sector ha tenido una lenta recuperación y que aún no llega a los niveles de prepandemia. «Este año solo el sector inmobiliario va a crecer cerca de 8% en ventas», dice el integrante del gremio Constructores Positivos.

Castillo y Elmir coinciden en que la industria de la construcción requiere también del impulso del Estado a la inversión en obra pública para lograr una mayor reactivación, con más impacto en la economía.