Contraloría confirmó glosas por usd 8 millones en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo

El organismo de control confirmó más de USD 8 millones en glosas, por irregularidades en los procesos de contratación de medicamentos, insumos médicos, prótesis y servicios de mantenimiento de equipos, efectuados entre 2014 y 2019. Las falencias en la ejecución de los contratos también derivaron en la emisión de seis IRP.

La Contraloría General del Estado (CGE) confirmó responsabilidades civiles por USD 8’694.429 para 20 funcionarios, que actuaron entre enero de 2014 y octubre de 2019, y un proveedor del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (Hetmc). Las glosas se desprenden del examen especial, aprobado en 2020, a la adquisición de bienes, servicios, consultorías, medicamentos, insumos y equipos médicos.

La CGE ratificó el perjuicio económico a la entidad a través de 11 resoluciones, cuyos montos oscilan entre USD 14.465 y USD 5’351.017. Las personas responsabilizadas no pudieron justificar precios sobreestimados de hasta el 992 % en los presupuestos referenciales para la adquisición de fármacos.

Durante la elaboración de los estudios de mercado, los funcionarios del hospital no verificaron en el Portal de Compras Públicas los costos unitarios de los mismos ítems, en compras anteriores realizadas por el Hetmc o por otros centros públicos de salud.

Tampoco exigieron el cumplimiento de los plazos contractuales para la entrega de insumos médicos, que fueron adquiridos a través de régimen de emergencia. A pesar del incumplimiento, no terminaron el contrato ni ejecutaron las garantías, por lo que la entidad no pudo recuperar USD 295.000 transferidos al contratista como anticipo.

Además, se confirmaron dos glosas por los insumos faltantes en las bodegas del hospital, valorados en USD 941.265. Durante las constataciones físicas no se presentaron reactivos médicos y 24 kits de prótesis de rodilla, cuyo costo asciende al monto de las responsabilidades civiles.

Indicios de responsabilidad penal:

Como resultado de este examen especial, en 2020, se aprobaron y enviaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) seis informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), con el detalle de las actuaciones de 11 funcionarios y tres proveedores del hospital.

Los IRP se emitieron por irregularidades en el requerimiento de insumos para el área de enfermería; anomalías en la documentación utilizada para elaborar los presupuestos referenciales; por la habilitación de proveedores que no cumplieron los requisitos mínimos para contratar con el Estado; y por el incumplimiento de la garantía técnica de prótesis de rodilla.

En cuanto a los insumos de enfermería, en el pedido de adquisición se informó que los ítems mantenían stock cero y crítico, aunque el sistema registraba saldos de hasta 8.200 unidades.

Además, el administrador del contrato concedió injustificadamente dos pedidos de prórroga, por 285 días, indicando que se disponía de existencias suficientes para cubrir la operatividad diaria del hospital, contradiciendo el objeto y motivación del proceso contractual.

Tampoco se calcularon las multas por el retraso en la entrega de los bienes; no se dispuso la ejecución de las garantías, ni se procedió a terminar unilateralmente el contrato.

En contrataciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y en las adquisiciones de la Unidad de Traumatología, los auditores identificaron irregularidades en la documentación que presentaron los proveedores para justificar su experiencia.

Las compañías a nombre de las cuales constaban los certificados informaron al equipo de control que no mantenían relaciones comerciales con esos contratistas.

La determinación de los presupuestos referenciales de dos procesos para comprar insumos se realizó empleando proformas con precios sobreestimados, en comparación con los costos que pagó el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y otros centros médicos, por los mismos ítems, en procesos anteriores. 

En el caso de la adquisición de materiales para terapia respiratoria, el presupuesto referencial se calculó empleando la proforma presentada por una persona natural, que registró actividades de venta al por menor de artículos de papelería.

Fuente: Contraloría General del Estado