Noboa plantea ley urgente para reformar la contratación pública.

El presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de ley económica urgente para transformar la contratación pública, eliminar mafias disfrazadas de proveedores y garantizar eficiencia y competencia real. Se denuncia que hasta $930 millones anuales podrían estar ligados a prácticas corruptas, afectando directamente la inversión y el gasto social.

El presidente Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente que busca transformar de raíz la contratación pública en Ecuador. La iniciativa, presentada oficialmente este lunes 27 de mayo de 2025 bajo el nombre de “Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública”, tiene como objetivo reemplazar un sistema “obsoleto e ineficiente” que, según el Ejecutivo, ha sido manipulado durante años por “mafias disfrazadas de proveedores”.

“Queremos que la contratación pública nunca más esté al servicio de los intereses de las mafias disfrazadas de los proveedores del viejo Ecuador”, afirmó José Julio Neira, director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), a través de un mensaje difundido en redes sociales.

La medida llega como parte del eje de reformas estructurales que el Gobierno busca impulsar durante el nuevo periodo legislativo, con un enfoque centrado en la transparencia, la eficiencia y la apertura a la competencia real.

Según Neira, el proyecto de ley marca una ruptura definitiva con el pasado. “Por muchos años hemos sido víctimas de un modelo de contratación pública obsoleto e ineficiente, que fue manipulable para beneficiar a ciertos personajes de la vieja política. Estas prácticas, nunca más.”, apuntó

Neira también detalló que el proyecto se basa en estándares internacionales, como el concepto de “mejor valor coordinado”, que permite evaluar las contrataciones públicas no solo por precio, sino por desempeño, impacto y logros concretos.

“Removemos pasos de procesos caducos e injustificados, que solo entorpecían una gestión eficiente para atender las necesidades de los ecuatorianos.”, aseguró

Uno de los principales cambios será la simplificación de procedimientos, que permitirá agilizar los procesos y abrir la competencia a más actores económicos, especialmente empresas honestas y con buenas prácticas.

“Se acaba la era donde los requisitos eran hechos a medida de pocos grupos para monopolizar resultados. Abrimos la competencia y la posibilidad a empresas honestas del Ecuador”, subrayó Neira.

El proyecto ha sido elaborado de manera conjunta entre el Sercop y la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con la convicción de que una contratación pública eficiente es indispensable para recuperar la confianza ciudadana y el buen uso de los recursos del Estado.

“Los ciudadanos merecen un servicio público eficiente y de calidad. En la lucha por recuperar nuestro país, nada nos detiene”, concluyó Neira.

El abogado corporativo, Juan F Román, ante la noticia de la nueva ley presentada por el Gobierno de Noboa, reaccionó diciendo que: “Esta es una maravillosa noticia para reequilibrar el mercado ecuatoriano, largamente afectado por prácticas anticompetitivas y actos de corrupción que distorsionaron el sistema de contratación pública”.

De acuerdo con Román, el caso Sobornos 2012-2016 sigue siendo un lamentable referente de cómo el abuso de poder, la colusión y la captura del sistema por intereses particulares desvirtuaron los principios de libre concurrencia, equidad y eficiencia que deberían regir las contrataciones públicas en un Estado de derecho.

“Es indispensable que la ciudadanía, la academia y los sectores productivos revisen este documento, generen aportes sustanciales, y se conviertan en garantes de una reforma que no debe quedarse en lo simbólico, sino traducirse en normas efectivas que restauren la confianza en el sistema”, recalcó Román.

¿Cuáles son las principales medidas incluidas en el nuevo proyecto de ley económico urgente sobre contratación pública en Ecuador?

Según la motivación del proyecto de ley, la urgencia económica nace de la “necesidad de modernizar la administración pública, afectada por ineficiencias, discrecionalidad y corrupción, especialmente en la contratación pública”.

El Gobierno de Noboa denuncia que hasta $930 millones anuales podrían estar ligados a prácticas corruptas, afectando directamente la inversión y el gasto social.

Además, apunta a que casos recientes como Metástasis, Encuentro o Purga exponen redes de corrupción entre funcionarios, jueces y empresarios.

Asimismo, el Gobierno argumenta que el déficit fiscal acumulado en el primer trimestre de 2025 asciende a $726 millones, y se identifica una necesidad inmediata de eficiencia en el gasto público.

“La discrecionalidad e interpretación subjetiva de normas ha permitido abusos y errores que paralizan la inversión pública. El proyecto busca eliminar estas distorsiones, reactivar la inversión estatal y generar empleo”, explica la exposición de motivos.

Principales reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)

• Redefinición de objetivos del sistema de contratación, centrados en calidad del gasto, transparencia, innovación (I+D+i), y lucha contra corrupción y lavado de activos.
• Creación de un Registro Único de Proveedores (RUP) más dinámico, interoperable con otras bases públicas y centrado en la confiabilidad e integridad de proveedores.
• Obligación de utilizar un Portal de Contratación Pública con sistema de datos abiertos, firma electrónica, trazabilidad y auditorías digitales

Fortalecimiento del SERCOP

El SERCOP se consolida como un ente técnico con autonomía operativa, encargado de:

• Regular procedimientos.
• Emitir modelos contractuales obligatorios.
• Coordinar capacitaciones.
• Sancionar proveedores.
• Facilitar veedurías ciudadanas.

Transparencia y eficiencia

• Se institucionaliza la subasta inversa electrónica y el uso obligatorio de catálogos electrónicos.
• Eliminación de artículos obsoletos o poco efectivos en la ley vigente y simplificación de procesos.
• Se establecen nuevos umbrales económicos para definir los procedimientos de contratación según el Presupuesto General del Estado.

Reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público

• Evaluación semestral obligatoria del desempeño de los servidores públicos, con indicadores de eficiencia y calidad del servicio.
• Implementación y actualización obligatoria del Manual de Clasificación de Puestos, con enfoque en competencias laborales.
• Inclusión de mecanismos de alerta temprana para incumplimientos y rendición de cuentas ante el Ministerio del Trabajo.
• La no actualización de estos manuales será considerada una infracción administrativa grave.

Disposiciones transitorias clave

• Los procesos de contratación iniciados antes de la ley seguirán el régimen anterior.
• El SERCOP podrá terminar convenios vigentes unilateralmente dentro de 90 días.
• En 45 días el Presidente debe emitir el nuevo reglamento.
• En 120 días el SERCOP adecuará el Portal de Compras Públicas.

Tema clave sobre ley para modernizar la contratación pública en Ecuador: servidores públicos evaluados de manera constante y con más rigor

En el artículo 6 del proyecto de ley se busca que los servidores públicos sean evaluados con más rigor y regularidad, y que cada institución del Estado tenga reglas claras sobre los puestos y el trabajo de sus funcionarios.

• Manual obligatorio de puestos: Todas las instituciones públicas deben tener un documento actualizado que describa y clasifique los cargos, lo que hace cada persona y cómo se mide su trabajo.
• Evaluaciones cada 6 meses: Los empleados públicos serán evaluados dos veces al año, considerando si hacen bien su trabajo, si cumplen metas y si ayudan a mejorar los servicios para los ciudadanos.
• Sistema informático obligatorio: Todas las instituciones deberán usar un sistema oficial que registre el desempeño y las alertas sobre posibles fallos o sanciones.
• Reportes obligatorios: Si hay funcionarios que no cumplen con su trabajo o con las reglas, las instituciones deben reportarlo al Ministerio del Trabajo. En los municipios u otros gobiernos locales, se informa a la Contraloría.
• Sanciones por no cumplir: Si las instituciones no actualizan sus manuales de puestos cada dos años (o cuando sea necesario), los responsables serán sancionados por una falta grave.

En resumen, este artículo busca que el Estado funcione mejor, con empleados públicos evaluados regularmente, con responsabilidades claras y con un sistema que premie el buen desempeño y castigue la negligencia.

Fuente: La Hora