Subsidios y demandas por el IVA plantean incertidumbre de cara al acuerdo con FMI

Subsidios y demandas por el IVA plantean incertidumbre de cara al acuerdo con FMI

Alejandro Arreaza, economista de Barclays, cree que una de las medidas que se implementarán en el acuerdo con el FMI será la reducción de subsidios.

La ruptura de relaciones diplomáticas de Ecuador con México sembró algo de incertidumbre en los mercados financieros internacionales, pero las expectativas de que Ecuador concrete un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguen altas y, por eso, el riesgo país no ha tenido grandes cambios.

Lo dice Alejandro Arreaza, economista investigador para la región Andina del banco de inversión Barclays.

Arreaza explica que este episodio diplomático podría causar problemas de gobernabilidad a Daniel Noboa en la Asamblea Nacional. Y, con un complicado escenario de gobernabilidad, Noboa tendría más dificultades para hacer reformas estructurales, añade Arreaza.

Sin embargo, el economista de este banco de inversión británico dice ese no es el mayor de los desafíos de Ecuador en 2024. Él cree que el mayor reto para el país es cubrir las necesidades de préstamos, que ascienden a USD 10.000 millones.

Y, pese a las tensiones políticas de gobernabilidad, Arreaza dice que en los mercados hay altas expectativas de que Ecuador consiga cubrir al menos USD 4.000 millones de esas necesidades, si se firma un programa de crédito con el FMI.

Lo que todavía plantea dudas en los mercados internacionales es si Ecuador podrá cumplir las metas que tendría el eventual acuerdo. La reducción del gasto en los subsidios a los combustibles dice Arreaza, es una de esas metas.

¿Qué efectos económicos podría tener para Ecuador la crisis diplomática con México?

Es un evento que agrega incertidumbre, pues ha tenido repercusiones importantes. Una de ellas, la ruptura de coalición que tenía el Gobierno de Daniel Noboa dentro de la Asamblea.

Quizás eso podría generar problemas de gobernabilidad más adelante para Noboa, y se incrementan los riesgos de la capacidad de ejecución de políticas económicas.

También es probable que este episodio dilate en algo las negociaciones de préstamos con multilaterales, porque México y Ecuador son parte de estos organismos, pero tampoco parece ser un evento suficiente como para causar una ruptura de las negociaciones ya avanzadas.

Si en el directorio del FMI está México, ¿Qué tan probable es que Ecuador cierre el acuerdo sin problemas este año?

Mientras el Gobierno de Noboa mantenga la disposición de avanzar en un ajuste macroeconómico, un acuerdo con el FMI es alcanzable.

Además, hasta ahora Ecuador tiene un aliado estratégico muy importante, que son los Estados Unidos y hasta ahora no hay nada que indique que la situación cambie. Este es el país que tiene más peso dentro de los multilaterales.

Aunque puede haber algo de descontento en otros países, por la forma en que se han dado los acontecimientos, no creo que sea suficiente como para evitar que se llegue a un acuerdo.

Las negociaciones están concentradas en el plano económico más que en estos temas políticos.

¿Qué medidas y compromisos creen que tendrá esta nueva carta de intención con el FMI?

De lo que se conoce hasta ahora, el programa tendría un ajuste compuesto por dos grandes factores. Uno es el de la parte tributaria, que ya se ha avanzado con el aumento del IVA y otras medidas. Y la otra parte importante probablemente venga de una reducción de los subsidios a los combustibles.

Se conoce que el nuevo programa sería de tipo Servicio Ampliado del FMI (SAF). Si ese es el caso, es probable que las condicionalidades incluyan también algún tipo de reforma estructural, por ejemplo, a la seguridad social.

Pero es probable que eso venga en una fase más avanzada del programa, probablemente para el año que viene, luego de las elecciones.

La consulta popular plantea el trabajo por horas, algo que el FMI ha recomendado. ¿Cree que los resultados de la consulta incidan en la firma del acuerdo?

Creería que no, pero ciertamente, si se da una medida de flexibilización laboral, eso puede ayudar en el plano económico, pero no creo que eso esté dentro de las condicionalidades del acuerdo.

Lo cierto es que el resultado de la consulta popular sí puede tener implicaciones importantes en términos de gobernabilidad. Ya vimos lo que pasó cuando el entonces presidente Guillermo Lasso intentó una consulta similar, y los desencadenantes que hubo luego del rechazo a la consulta.

Si el Gobierno de Noboa logra aprobar las preguntas que está planteando, tal vez tendría un escenario de gobernabilidad más manejable e incluso podría reducir la incertidumbre sobre la elección de 2025.

¿Qué tan probable ven que se cumplan metas del acuerdo con el Fondo, por ejemplo, la de los subsidios a los combustibles?

Los riesgos de ejecución de los compromisos del acuerdo no son menores, pero creo que el Gobierno arranca desde un buen punto de partida, parte de la tarea ya está hecha con el alza del IVA y las medidas tributarias tomadas.

Probablemente con eso ya esté cerca de la mitad del ajuste se pudiera requerir dentro del acuerdo.

Y la segunda fase, que sería el ajuste de subsidios, es algo que tal vez se pueda hacer de una forma más gradual, no tiene que hacerlo aceleradamente.

Se pudiera evaluar mecanismos de compensación que mitiguen el impacto en sectores vulnerables de la población o en otras áreas.

¿Ven como un riesgo alto que la Corte acepte alguna de las demandas de inconstitucionalidad por el alza del IVA?

En efecto, hay temas procedimentales que están siendo cuestionados y que generan incertidumbre, precisamente ese es uno de los factores que impiden que el riesgo país baje más.

Si se da una decisión adversa de la Corte en un tema tan importante como el IVA, quizás sí se pondría en riesgo el riesgo el acuerdo con el Fondo y el acceso a financiamiento. El país tendría un escenario muchísimo más complicado.

Definitivamente ese es un tema que genera preocupaciones en los mercados, esperamos que en los próximos meses la Corte aclare un poco cuál es el panorama con respecto a ese tema.

¿Qué otros desafíos tiene Ecuador en el plano económico para lo que resta de 2024?

En lo económico, hasta que no se cierre el acuerdo con el FMI, uno de los retos sigue siendo cómo se cubren las necesidades de financiamiento del país.

Si efectivamente se cierra el acuerdo, entre lo que vendría del FMI, más el apoyo del resto de multilaterales, se reducirían significativamente las incertidumbres sobre las necesidades de financiamiento del país para este año.

En Barclays calculamos que las necesidades de financiamiento de Ecuador son de entre USD 9.000 y USD 10.000 millones en 2024.

Nuestro estimado es que si se logra el acuerdo con el FMI, alrededor de USD 4.000 millones a USD 4.500 millones vendrían de multilaterales y la otra parte vendría principalmente del resto del mercado interno.

Quizás el Gobierno pueda refinanciar algunos de los vencimientos de deuda local y también está la posibilidad de que se logre una renegociación de la deuda con China, que podría ser una fuente adicional de financiamiento.

¿Con la firma del acuerdo con el FMI Ecuador podrá en el corto plazo volver a financiarse en el mercado de los bonos externos?

Efectivamente, ha habido un avance significativo frente a cómo estaba el indicador del país a finales del año pasado. Hay un movimiento en la dirección correcta, pero queda todavía un camino largo por andar.

La posibilidad de tener nuevo acceso al mercado va a depender de dos cosas: una, que efectivamente se logren cumplir las metas del acuerdo con el Fondo.

Y lo otro es la gobernabilidad y la política doméstica. De aquí al primer trimestre del año que viene va a estar presente la incertidumbre sobre la elección presidencial de 2025 y, una vez pasado ese hito, podría haber una reducción importante en la prima de riesgo de Ecuador que ayude a poner al país más cerca de los mercados financieros internacionales.

El punto más crítico son los vencimientos de bonos para 2026 y el reto para el país tendría que ser tener acceso al mercado financiero internacional antes de llegar a este punto y evitar entrar de nuevo en un proceso de reestructuración de la deuda que sería más complejo y perjudicial para el país.

¿Qué expectativas tienen sobre las fechas de cierre del acuerdo? ¿Se esperaría que sea en abril o más tarde por la crisis diplomática con México?

Todavía estamos en el rango de tiempo esperado, no podemos hablar de un escenario donde haya habido un retraso significativo con respecto a las expectativas que habían.

Sabemos que llegó una misión a Ecuador hace unos días y todo parece indicar que las negociaciones están avanzadas.

Nuestras expectativas son que se pueda llegar a un acuerdo más temprano que tarde. De parte de la comunidad internacional también hay un interés político de apoyar a Ecuador en el problema seguridad.

Si el acuerdo se da dentro del primer semestre del año creo que estamos dentro de lo que se espera y es manejable. Pero si se demora hasta el segundo semestre tal vez sería un poco más preocupante.

¿Cómo cambiarían las proyecciones de déficit del Presupuesto del Estado si Noboa logra el ajuste pendiente?

El ajuste en la parte tributaria ya está considerado dentro de nuestras expectativas. La incertidumbre que queda es sobre la reducción de subsidios, esperemos ver cómo y qué tan rápido se hace. Esa sería la variable que podría tener un mayor impacto en el Presupuesto del Estado, pero creo que va a tener más un impacto sobre el déficit de 2025 y no el de 2024.

Ya nos estamos acercando a la mitad del año y aunque el Gobierno empiece a  hacer ajustes a los precios de los combustibles este mismo año, ya el impacto sería más reducido.

Se cuestiona que Ecuador vaya al acuerdo 23 con el FMI. ¿Qué necesita cambiar el país para no tener tanta dependencia de las cartas de intención?

El país tiene la necesidad de solventar dos problemas que son más estructurales, más allá de la liquidez de corto plazo.

Por un lado, un tema de credibilidad. Ecuador ha incurrido múltiples veces en eventos de cesaciones de pago o ‘default’ y eso genera un riesgo país estructuralmente alto.

El país necesita evitar caer en situaciones de ese tipo de nuevo, probar su capacidad y voluntad de pago.

Y, por otro lado, la incertidumbre y la inestabilidad política es otro factor estructural que limita la capacidad de reducción de la prima de riesgo. La capacidad de construir concesos políticos mínimos sería una manera de reducir esa prima de riesgo para Ecuador y que pueda financiarse normalmente en los mercados sin depender tanto de multilaterales.

Fuente: Primicias Ec

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